Claudio Mandalari[1] Politólogo y Máster en Migraciones Contemporáneas, CERM UAB-UB


El día 15 de diciembre de 2015 el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio del Interior italianos suscribieron dos protocolos con algunas organizaciones religiosas para el proyecto “Apertura di corridoi umanitari”, con el objetivo de ofrecer una alternativa segura de acceso a Europa para los inmigrantes sirios que se encuentran en los campos del Líbano. Las organizaciones promotoras del proyecto (Comunidad de San Egidio, la Federación de las Iglesias Evangélicas y la Mesa Valdense), han sido pioneras de un proyecto que creo que presenta suficiente interés como para comentarlo en las siguientes líneas, en especial porque rompe con la tendencia y la lógica mainstream de las políticas migratorias del gobierno italiano, cuyo objetivo es básicamente frenar la llegada de inmigrantes.

Antes que nada, conviene señalar que el proyecto se inscribe dentro de lo que pueden denominar “sponsorship programmes”, es decir un modelo de acogida patrocinado por un sujeto privado (que puede ser un individuo o una entidad) que participa en la selección de un refugiado o a una familia para reasentarlos comprometiéndose a proveerlos de recursos económicos, sociales y emocionales durante un tiempo determinado. Este tipo de programa encaja en el ámbito de las “Protected Entry Procedures”, es decir, programas complementarios al reasentamiento que garantizan la extensión de la protección más allá del ámbito interno o de las solicitudes presentadas en las fronteras territoriales. En el caso que vamos a analizar, las entidades promotoras se han encargado de seleccionar entre las personas que han huido de Siria, a los individuos más necesitados de protección internacional ofreciendo la posibilidad de trasladarlos con un visado humanitario a Italia, para y allí ofrecerles su incorporación a un mecanismo de integración bien estructurado. El proceso de selección se realiza gracias a la presencia de voluntarios en el terreno que se relacionan con actores que conocen el contexto de los campos o asentamientos informales, como iglesias y ONGs. El criterio de selección es la identificación de individuos más vulnerables, tales como personas con discapacidades, menores, madres solas etc. Una vez individualizados los posibles beneficiarios, un centro coordinador procede a evaluar todas las ofertas y decidir dónde enviar los beneficiarios.

La posibilidad de expedir un visado LTV por razones humanitarias goza de cobertura en el art. 25 del Reglamento (CE) n. 810/2009, de modo que una vez que los beneficiarios del proyecto llegan a Italia tienen un período de 90 días para solicitar asilo. De momento el trabajo previo de selección ha garantizado el reconocimiento del 100% de las solicitudes de asilo, sobre un total de 850 beneficiarios que llegaron entre febrero de 2016 y julio de 2017. La segunda fase del proyecto es la que se refiere a la integración, y en este caso la Comunidad de San Egidio así como el resto de organizaciones aplican lo que llaman el modelo de “acogida difusa”. En concreto, se trata de trasladar los beneficiarios a contextos urbanos pequeños donde exista una red de voluntarios presentes en el territorio y donde se ofrecen una serie de recursos, como cursos de idioma, mediadores culturales, movilidad y conexión con servicios públicos, programas de formación e inserción laboral. Este modelo tiene la finalidad de asegurar una rápida y sólida integración, evitando contextos urbanos complejos y dispersos como las grandes ciudades.

¿Cuáles son los resultados del proyecto? El primer resultado importante es seguramente la decisión de extender el programa de un grupo inicial de unas 1.000 personas a un total de 5.000. Además, la Comunidad de San Egidio ha anunciado la apertura de otros dos corredores en Marruecos y en Etiopía. En particular, el protocolo para el corredor en Etiopía se firmó el 12 de enero de 2017, de momento está previsto para 500 personas y se prevé la colaboración de CÁRITAS, ACNUR y OIM[2]. También fuera de Italia el programa ha suscitado mucho interés, de hecho diferentes países han pedido información sobre el mismo con el fin de organizar y ofrecer planes iguales o parecidos. Entre ellos el gobierno alemán, la conferencia episcopal polaca, la República de San Marino, el Vaticano y otros. Sin duda, el ‘feedback’ más positivo ha sido la suscripción de un protocolo para la apertura de otro corredor humanitario en Líbano entre el gobierno francés, la Comunidad de Sant’Egidio, la Federación protestante de Francia, la Conferencia episcopal francesa, Entraide Protestante y Secours Catholique. Este protocolo[3], suscrito el 14 de marzo de 2017, prevé la acogida de 500 personas en un año y medio, habiendo llegado el día 5 de julio el avión con los primeros 52 beneficiarios, incluyendo 34 menores.

Con el fin de ofrecer una primera evaluación de los corredores humanitarios, cabe destacar varios aspectos positivos: 1) aunque no exista un marco normativo común europeo, los programas de patrocinio privado encajan en el ámbito de las Protected Entry Procedures y permiten la posibilidad de obtener visado desde fuera territorio UE; 2) se permite el ingreso a personas vulnerables que no cumplen con los requisitos de otros programas; 3) el trabajo previo de selección sobre el terreno de los beneficiarios garantiza éxito en la aprobación de solicitudes; 4) existe la ventaja de una contención de los costes, en tanto que son las entidades promotoras las que se encargan de la financiación del proyecto en las dos fases; 5) el modelo de acogida privado y organizado por sociedad civil es fácilmente practicable, facilita el contacto directo con población local y su aplicación en otros países -como Canadá- demuestra que este modelo permite una mejor inserción en el contexto de llegada debido a dos factores: la voluntad local de acoger y la posibilidad para el beneficiario de obtener más capital social.

Sin embargo, aunque los resultados parezcan muy positivos hay también aspectos poco claros y que no permiten hacer todavía una evaluación global. Primero, hay pocas fuentes que explican de manera precisa el funcionamiento del programa en las dos fases, en particular falta una evaluación financiera (de momento existe sólo una estimación hecha por un periódico que habla de 2 millones de euros[4]) y no está claro cómo se desarrolla de manera detallada el proceso de selección, solo sabemos que la clave es la vulnerabilidad y que se quiere favorecer también a los individuos que no encajan en los criterios que identifica ACNUR para realizar el reasentamiento, pero al momento no se encuentra información más detallada en propósito[5]. El hecho de que el programa lo organice la sociedad civil es encomiable pero es también verdad que un programa con recursos limitados restringe considerablemente el número de beneficiarios. Además, se necesitará aún tiempo para valorar si este modelo de ‘acogida difusa’ es realmente viable y generalizable como mecanismo para garantizar una mejor integración, con mayor rapidez y eficacia. De todas formas, se trata de un proyecto piloto y, por lo tanto, mejorable, y que puede suponer un punto de partida para abrir el debate sobre los nuevos sistemas de acogida organizados por la sociedad civil y, sobre todo, una alternativa rápida y segura a las travesías en el Mediterráneo.

 

 

 

[1] Claudio Mandalari claudio.mandalari@gmail.com. El presente texto es una breve síntesis del Trabajo de Final de Master defendido en septiembre de 2017.

[4] M.Cosentino, “Migranti, 848 richiedenti asilo arrivati in Italia con i corridoi umanitari”, Il Fatto Quotidiano, 8 de

julio de 2017,

http://www.ilfattoquotidiano.it/2017/07/08/migranti-848-richiedenti-asilo-arrivati-in-italia-con-i-corridoi-umanitari/3712198/

 

[5] P.Morozzo della Rocca, “I due protocolli d’intesa sui “Corridori umanitari” tra alcuni enti di ispirazione religiosa ed il Governo ed il loro possibile impatto sulle politiche di asilo e immigrazione”, Diritto, Immigrazione e Cittadinanza no.1/2017, pag.13