Guadalupe Begazo, estudiante de doctorado, Facultad de Derecho, Universitat de Barcelona


El 15 de enero de 2018 se celebró en el Palau Macaya de Barcelona una sesión como parte del ciclo de conferencias D(RETS) E(DUCACIÓ) S(ALUT) T(REBALL): Destinant Esforços per la Integració dels Refugiats, organizado por el CER-Migracions y el CIDOB. La sesión estuvo enfocada a una de las cuestiones que más preocupa a las personas en busca de protección internacional además del empleo: la vivienda.

Para ello se contó con ponencias de diferentes realidades sociales cada una con un diferente y personal enfoque. Manfred Nowak representante de la Workerwelfarre association con sede en Berlín, asociación que lleva más de 100 años trabajando con personas en riesgo de exclusión social, destacó que es necesario ofrecer ayuda y no caridad. Debido al creciente número de personas solicitando asilo en ese país, la Oficina Federal para las migraciones y el asilo no se ha dado abasto para gestionar las aplicaciones, especialmente en los años 2014-2015. Una vez se logra acceder al asilo se obtiene una serie de beneficios desde ayudas para el alquiler como beneficios económicos que puedan cubrir necesidades básicas como ropa y comida. Cabe destacar que en 2016, la Corte Constitucional Federal declaró insuficientes los beneficios económicos que se otorgaban ya que el monto base para su cálculo no había sido actualizado desde 1993. En cuanto al tipo de alojamiento ofrecido, se encuentran los centros iniciales de recepción (normalmente con un máximo de 6 meses de permanencia) y los centros colectivos, que son coordinados con el Estado federal de acogida con tal de organizar la distribución en sus territorios, función que, en muchos de los casos, ha sido delegada a los ayuntamientos. Algunas dificultades se encontraron en el camino, como por ejemplo en Berlín, donde muchos de estos centros colectivos habían sido cerrados en la década de los 90.

Para situarnos en la realidad británica, Jonathan Darling consideró necesario remontarnos al 2010, época de recortes hechos por el gobierno de turno que dio paso a una especia de sistema de dispersión. La actual gestión británica de la llegada de solicitantes de asilo, a diferencia de Alemania, es nacional. El Estado es quien organiza y decide el destino de las personas solicitantes de protección internacional. Hasta 2010, el sistema era gestionado por las autoridades locales. Hubo recortes de 40 millones de libras que afectaron a la gestión y se pasó a un sistema de vivienda administrado por empresas privadas[1] que se materializaron en contratos llamados COMPASS (Commercial and Operational Managers Procuring Asylum Support Services). Se considera que esta etapa de privatización ha afectado al sistema de acogida. Si antes de la austeridad impuesta por el gobierno de turno el sistema no era perfecto, el hecho de que la gestión de la vivienda esté en manos de empresas privadas no ha mejorado la situación. Se resaltó el hecho de que lo principal en un contrato como estos es la naturaleza del mismo, el cual es sacar provecho económico por parte de la empresa. En cuanto a la comunicación entre los agentes involucrados (empresa-gobierno local y personas solicitantes de asilo) ésta se ve muy dificultada.  Una duda que surge en muchos casos, es la de saber a quién dirigirse cuando se tiene un imprevisto con la vivienda -sobre todo cuando en los contratos se contempla la posibilidad de subcontratar- además del hecho que los gobiernos locales en muchos casos no se han involucrado en el proceso de acogida. Esto hace que les resulte difícil situar a las personas que llegan, ni tan solo pensar en procesos de integración social.

A continuación, Estel·la Pareja, representante de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR) explicó el sistema de acogida a nivel español y en Cataluña. En España existe un sistema de patenariado público - privado sin ánimo de lucro. El estado español tiene la competencia de la primera acogida y de las primeras políticas de integración. Depende del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (MEYSS)[2] que cuenta con algunas plazas de acogida y a través de convocatorias las organizaciones se presentan para tener sus propios pisos de acogida. A partir de 2015 se puede considerar que hubo un antes y un después; las primeras personas que entran al sistema a partir de la reubicación o el reasentamiento, lo hacen directamente al programa de acogida. Es entonces el MEYSS quien asigna una plaza en el territorio, la asignación de plazas -la cual CCAR es crítica- se basa en donde haya sitio o espacio, no siempre se tiene en cuenta si la persona tiene o no familia en alguna ciudad lo cual genera una eventual situación de inestabilidad. En lo concerniente a Cataluña, en donde se cuenta con 2 centros de acogida para 25 personas, el resto recae en pisos gestionados por las ONG o asociaciones especialistas en el tema. Concretamente en Barcelona se han venido dando iniciativas propias desde la gestión municipal (programas como NAUSICA dentro del plan Barcelona Ciutat Refugi) o desde la ciudadanía (Refugees Welcome) para paliar las necesidades y la desatención del gobierno central.

Desde el fenómeno de austeridad en Reino Unido y su consecuente privatización de los servicios de alojamiento para solicitantes de asilo, pasando por el gran número de solicitantes que llegaron a Alemania y la falta de espacios disponibles hasta los problemas con el mercado de vivienda y las pocas iniciativas del gobierno español para hacerle frente, surge la cuestión de saber cuál es el grado de protección jurídica de la vivienda como derecho además de saber situar el rol de los Estados frente a ello.

Desde una aproximación multinivel, es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, vigente de 1976 que desde el plano internacional incorpora a la vivienda dentro del derecho a un nivel de vida adecuado (art. 11 complementada posteriormente por las Observaciones Generales Nro 4 y 7)[3]. A pesar de estos reconocimientos, que suponen un gran avance en el plano internacional, se puede considerar que las disposiciones recogidas en estos documentos no ha sido uniforme ya que en muchos casos en la práctica la influencia de las mismas en los órganos jurisdiccionales ha sido muy limitada (Pisarello, 2003). Si la Constitución española se refiere a la vivienda como aquella que es digna y adecuada (art.47) la llei d’habitatge en Cataluña que en 2017 cumplió 10 años de vigencia, lo considera como como el derecho de toda persona a acceder a una vivienda digna que sea adecuada, en las diversas etapas de la vida de cada uno, a la situación familiar, económica y social y la capacidad funcional (art.1). Además, prevé medidas de protección social en casos especiales dentro de los cuales se encuentra la acogida de inmigrantes (arts. 3 y 74).

No hay que olvidar que el mercado de la vivienda se regula con la oferta y la demanda a la hora de fijar precios y condiciones. Concretamente en España la intervención pública es escasa, existiendo además disparidades significativas entre las Comunidades Autónomas, en donde existen diferencias en la oferta de vivienda social como en el precio de la oferta privada. Situación que se traduce en dos fenómenos coexistentes: la imposibilidad de acceso efectivo a una vivienda adecuada y/o riesgos graves para la tenencia ya sea en propiedad o en alquiler (Saura, 2014). Este panorama dificulta entonces el acceso a la vivienda para las personas solicitantes de asilo en España, teniendo muy en cuenta que a ello se agregan los problemas producto de los prejuicios y estereotipos de la población de acogida hacia los solicitantes de asilo, generando desconfianzas al momento de alquilar y/o creando rivalidades al momento de acceder a la vivienda. Sin olvidar las necesidades concretas de colectivos como son personas con enfermedades crónicas, LGBTI, tercera edad, menores, etc. quienes pueden encontrar aún el doble de dificultades en el camino.

En el caso de los solicitantes de asilo, además de la Directiva 2013/33/UE que regula las condiciones de acogida (concretamente el art. 18 sobre las modalidades de las condiciones de los alojamientos), son los Estados miembros de la Unión Europea los encargados de implementar estas medidas. En España la ley de asilo 12/2009 (que sigue a la espera de un Reglamento que no acaba de llegar), se refiere escuetamente al derecho de vivienda entre los derechos sociales a los que acceder los solicitantes, y el término vivienda solo se encuentra reconocido explícitamente tan solo en el supuesto de concesión de asilo (art. 36). [4]

En resumen, los niveles de protección del derecho a la vivienda se ven poco respaldados y no parten de una base jurídica sólida que pueda cumplirse a corto plazo, al menos, teniendo en cuenta la realidad actual tanto en Cataluña y en España. A pesar de ello, no hay que dejar de reconocer las iniciativas sociales y de algunos gobiernos locales para paliar estas necesidades. Dos soluciones se presentan como probables: de un lado, la intervención pública más decidida en el mercado inmobiliario en venta y en alquiler, a efectos de presionar la baja en los precios. Por otro lado-concretamente en un plano regional y español-adecuar las exigencias de la normativa europea y sobre todo la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (vida privada y familiar, véanse las Sentencias MMS v. Bélgica y Grecia,  V.M. y otros v. Belgium, Hunde v. The Netherlands, entre otras) respecto de la legislación española. Es decir, tratar la vivienda en el caso de los solicitantes de asilo como un derecho y solo secundariamente como un bien de comercio privado (planteado en términos mucho más generales, véase Saura, 2015). Sea cual sea el origen de la persona o los años que lleva residiendo en un Estado de la Unión Europea, el fortalecimiento del estado de bienestar acompañado de políticas regulatorias de los alquileres se presenta como un reto aún más urgente cuando de solicitantes de asilo se trata.

 

Referencias:

-López Martín, Mónica et al. El sistema de asilo y su protección social en España. En revista Servicios Sociales y Política Social (Agosto-2016). XXXIII (111), 105-115. ISSN: 1130-7633

https://www.cgtrabajosocial.es/files/5890cf669599c/CEAR_SIST_DE_ASILO.pdf

-Pisarello, Gerardo (2003). Vivienda para todos: un derecho en (de)construcción : el derecho a una vivienda digna y adecuada como derecho exigible. Observatorio DESC. Barcelona: Icaria

-Saura, Jaume (2015) El derecho a la vivienda. En los Derechos Humanos en España: un balance crítico. Rey Martinez, Fernando (director) pp 422-436. Universidad de Valencia. Valencia: Tirant lo Blanc

 


[1] Básicamente son 3 empresas contratistas encargadas de administrar la vivienda para solicitantes de asilo en territorio británico: G4S, SERCO y CLEAREL. Para más información sobre los contratos COMPASS ver el reporte de la Oficina Nacional de Auditoria de Reino Unido de 2014:

https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2014/01/10287-001-accommodatio...

 

[2] Para más información sobre las cuantías otorgadas se puede consultar el Manual de gestión del MEYSS, http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Subvenciones/AreaIntegracion/protecc...

[3] En el caso de la Convención de Ginebra relativa al estatuto de los refugiados, es el art. 21 Vivienda que supone una obligación de los Estados de acogida conceder el trato más favorable posible y en ningún caso que este sea menor del concedido al régimen de extranjeros. Eso sí, se condiciona lo dispuesto a que la vivienda esté regida leyes o reglamentos o sujeto a fiscalización por parte de las autoridades estatales.

[4] Además, dentro de las prestaciones económicas que reciben por parte del Estado (manual del MEYSS mencionado previamente) se prevén cantidades desproporcionadas como puede ser 346 euros/mes aproximadamente, que claramente contrastan con los precios de mercado actuales. A manera de ejemplo en Hospitalet de Llobregat, situado a las afueras de Barcelona, el precio de alquiler ha subido de 960 a 1030 € el alquiler de 60-90m2 el piso los últimos 6 meses. Es aquí en donde se ve reflejado las carencias de un marco general de regulación estatal. Los entes municipales, gobiernos locales y entidades de acogida intermedian a fin de intentar buscar soluciones a la oferta de vivienda. Un ejemplo de ello sería la oferta accesible de vivienda social o facilitar albergues o bloques de piso desocupados.