En este artículo, Diego Boza Martínez analiza el reciente avance legislativo hacia una regularización extraordinaria de personas extranjeras en España. El autor subraya que este proceso no es una concesión gratuita del Gobierno, sino el fruto de una movilización social sin precedentes liderada por la sociedad civil. A través de la mención a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que recabó más de 700.000 firmas, Boza Martínez destaca cómo se ha logrado poner en la agenda política la necesidad de otorgar derechos básicos a quienes ya conviven y trabajan en el país.

El texto de Boza Martínez comenta la proliferación de bulos y discursos de odio que intentan criminalizar la migración. El autor sostiene que la regularización no genera un “efecto llamada”, sino un “efecto justicia”, permitiendo que aflore la economía sumergida y garantizando la dignidad humana. En conclusión, presenta esta medida como un triunfo de la democracia frente a los prejuicios.