Desde hace más de dos décadas, las políticas migratorias en la mayoría de los países del denominado Norte Global han experimentado un proceso sostenido de securitización. La inmigración ha dejado de ser abordada prioritariamente como una cuestión social, económica o de derechos, para ser presentada como una amenaza a la seguridad nacional, al Estado de bienestar e incluso a la identidad colectiva. Este desplazamiento discursivo no es menor: convierte la gestión migratoria en un asunto de excepción.

A medida que estos marcos securitizados se han ido normalizando, el discurso público ha asumido como legítima la adopción de medidas extraordinarias en nombre del control y la protección. La excepcionalidad se ha vuelto regla. De manera progresiva, se han ido cruzando límites jurídicos y políticos que antes parecían infranqueables: la externalización de fronteras, la expansión de la detención administrativa, la restricción del derecho de asilo o la erosión de garantías procesales son algunos ejemplos de esta deriva.

El problema es que estas políticas no solo transforman la gobernanza migratoria; transforman también la naturaleza del propio Estado. En la medida en que se consolidan prácticas excepcionales, se tensionan los principios del Estado de derecho y se debilitan los fundamentos del Estado de bienestar que caracterizan a las democracias liberales. Así, en nombre de la seguridad, se termina poniendo en riesgo precisamente aquello que se afirma querer proteger.

Esta deriva resulta evidente en la política migratoria de Donald Trump, pero también en la implementación del Pacto Europeo de Migración y Asilo de la Unión Europea. Mecanismos como los cribados en frontera, los procedimientos acelerados de asilo o los retornos a “países seguros” (que se acaba de aprobar en el Parlamento Europeo) priorizan una lógica de contención y control que refuerza la dimensión securitaria de la gestión migratoria. Las fronteras se convierten así en el escenario donde se despliega una creciente parafernalia de vigilancia en nombre de la “protección” europea.

Algo similar ocurrió durante el primer mandato de Trump, marcado simbólicamente por la promesa del muro fronterizo. En su evolución posterior, esa lógica de excepcionalidad se ha ampliado hacia el interior, extendiendo la sospecha y la persecución a colectivos cada vez más amplios que no encajaban en una concepción identitaria WASP del país. Esta es, precisamente, una de las principales derivas de la securitización: la normalización de medidas excepcionales que empiezan erosionando derechos de quienes se perciben como ‘los otros’ o quienes estan en los márgenes, terminan debilitando las garantías de todos y todas.

En este marco crecientemente securitizado, la propuesta española de regularización de personas en situación administrativa irregular introduce una nota disonante. No plantea, ciertamente, reformas estructurales que impidan la reproducción de la irregularidad una vez concluido el proceso —especialmente mientras persista un segmento del mercado laboral que demanda mano de obra precarizada y fácilmente explotable—. Sin embargo, constituye un punto de inflexión simbólico y político en un contexto europeo marcado por la contención y el endurecimiento. Es poco probable que la iniciativa española marque tendencia en el conjunto de la Unión Europea, pero sí representa un espacio de respiro en términos de protección de derechos y de reconocimiento de la realidad social de quienes ya forman parte de nuestras sociedades.

En el corto plazo, lo que se confrontan son dos lógicas: una de carácter liberal-humanitario, centrada en derechos y en la inclusión; y otra securitizada, orientada prioritariamente al control y la exclusión. Hoy por hoy, es esta última la que está imponiendo el marco narrativo y condicionando la arquitectura de las políticas públicas. Recuperar la primera no es solo una opción normativa, sino una condición para preservar el sistema de derechos que emergió tras la Segunda Guerra Mundial y para aspirar a su profundización y ampliación.

Estas (y otras) cuestiones se abordan con mayor profundidad en el Máster/Postgrado Interuniversitario en Migraciones Contemporáneas, un espacio de análisis crítico sobre gobernanza migratoria, cooperación multinivel y los desafíos actuales en materia de migración, integración, inclusión, asilo y refugio. La construcción de mejores instrumentos de política pública requiere pluralidad de miradas, incluyendo la participación activa del estudiantado que forma parte de este programa.